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El fin de una pesadilla. Diciéndole no a las leyes del perdón

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Por motivos diferentes pero convergentes, la política de derechos humanos que abrazaron las gestiones de Alfonsín a Menem no le escapó a cuanta argucia legal o artilugio jurídico eran imaginables para tirar por la ventana lo que se había ganado en el histórico juicio a las Juntas.

El paradójico efecto indeseado: la exigencia de los militares carapintada de deslindar responsabilidades –cuyo resultado no podía ser otro que la ley de Obediencia Debida– llevó a sancionar la ley de Punto Final (23.492) el 24 de diciembre de 1986, que establecía un plazo perentorio de 60 días para que los tribunales que instruían causas por delitos de lesa humanidad procesaran a los imputados. Inesperadamente se procesó a 400 militares, y ante la exigencia de Aldo Rico, que exigió la distinción entre quienes dieron las órdenes y quienes se limitaron a cumplirlas, el gobierno radical claudicó.

El resultado fue la sanción el 4 de junio de 1987 de la ley de Obediencia Debida (23.521), que estableció la exención de culpa para los oficiales y el personal de tropa. Esa ley fue declarada constitucional el 22 de octubre de 1987, en un fallo contó con la aprobación de tres de los actuales miembros de la Corte Suprema: Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano. Esta misma política de impunidad fue avalada por el gobierno de Carlos Menem, quien en octubre de 1989, además, indultó a 277 civiles y militares.

El 6 de marzo de 2001 por primera vez el juez federal Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes. El 25 de agosto de 2003 el Senado anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La iniciativa fue impulsada por el presidente Néstor Kirchner.

El 14 de julio de 2004 la Sala I de la Cámara Federal dictaminó la validez de la anulación, confirmando la continuidad de las causas reabiertas contra los represores en todo el país.

El martes pasado, la Corte Suprema convalidó la decisión de la Cámara y votó la inconstitucionalidad de las leyes del perdón, pero inesperadamente debió plasmarla en siete votos diferentes.

Como bien comentó Mario Wainfeld -citando a un propio ministro de la Corte- "la Corte, en su nueva integración, tiene que ir formulando una suerte de ideología propia. Un pensamiento jurídico actualizado, que tenga como norte reparar daños o discriminaciones producidos por el Estado (incluso por la Corte) en las últimas décadas".

Aunque pueda haber muchas discrepancias acerca de los logros del gobierno kirchnerista (y más que nunca ahora que estamos en plena competencia electoral) hay tres instancias fundacionales en su ejercicio que se recordarán durante mucho tiempo: la reforma de la Corte, la política de derechos humanos y el canje de la deuda.

Respecto de la política de derechos humanos, otra de las acciones de este gobierno fue la recuperación del edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para convertirlo en el Museo de la Memoria, una iniciativa simbólica previa a la inconstitucionalidad de las leyes del perdón, y necesaria para que la progresiva recuperación de la memoria se revele, como ahora, en la justicia. Interviniendo sobre el pasado postergado pero recuperando para el futuro la idea de justicia posible. La inconstitucionalidad de las leyes del perdón es una puerta que se abre a la justicia, pero además nos acerca la certeza de que parte de la historia puede ser reescrita, de que la lucha de los organismos de derechos humanos tiene una traducción en la realidad.

La del martes fue una de esas jornadas que asombran no sólo por sus consecuencias, sino como propuesta de reversión de una inveterada tendencia a tapar y olvidar, por un knock-out a una política que oculta y quiere borrar.

La Corte fue la gran protagonista de la jornada. Pero no la única. Su acción fue motorizada por la decisión política del gobierno. Aunque en realidad tales hazañas no serían posibles si gran parte de la ciudadanía –por razones que habrá que investigar y analizar y que no tienen que ver meramente con el transcurso biológico o físico del tiempo– no hubiera decidido desandar un camino, revisar sus creencias y plasmarlas institucionalmente.

La Argentina cambia permanentemente de enfoque y de lecturas. La sanción de inconstitucionalidad testimonia entre otros datos que la ciudadanía fue cambiando su punto de vista, haciéndose más permeable a la búsqueda de la verdad y la justicia.

La movilización social se predica de muchos modos. Con una cordura pocas veces vista y con una tranquilidad que seguramente ningún planteo enturbiará, la reconciliación de la verdad con la historia, de los derechos humanos con la democracia y el intento de poner un cierre a las heridas insuturables del pasado, sin violencia retaliatoria pero con un Estado finalmente -y sobre todo acorde a derecho- ocupado en restaurar y sanar la violencia psicótica que él mismo propinó tres décadas atrás, auguran una nueva época.

Sin embargo, en la Argentina nada funciona en piloto automático y nada presagia una salida no traumática, por el salvajismo y el ensañamiento de eventos que reconocen pocos antecedentes en la historia.

Es por ello que el fallo debe leerse como un jalón más (aunque decisivo) en una reescritura de la historia y en un rediseño del país que no gustará a muchos, que irritará a varios, pero que no tiene vuelta atrás. No se trata aquí de hacer revisionismo pueril, ni de vender con nuevos oropeles la teoría de los dos demonios, uno de los más tristes blasones del alfonsinismo.

Se trata en cambio de –dolorosa y comprometidamente– tratar de entender lo incomprensible, y a pesar del dolor y de las heridas que eso ha causado no quedar lastrados por la venganza ni por la desmemoria.


6 Comentarios

  1. Santiago. Junio 16, 2005 19:19

    Me parece contrario al espíritu crítico que merece este sitio de educación, escribir cómo "se debe entender" la decisión. Yo no lo entiendo así. Si la Corte dice y se desdice, ¿qué garantía me ofrece? Además, ¿por qué pensar que esta decisión durará más que la anterior? ¿No es esto ingenuo? Agrego, ¿nos hace bien no saber en el país si lo que dicta la Corte será última palabra? Lamento que EDUCAR festeje esto, y más que lo divulgue como lo que "se debe entender".

  2. Gladys Prieto. Junio 16, 2005 22:47

    Comparto con EDUCAR el festejo, por decirlo de alguna manera porque la Corte haya anulado las leyes de perdòn. Si queremos construir una Argentina màs justa, es imprescindible que la justicia actùe con todos por igual. Es imposible entender lo que sucediò durante dècadas, que solo fueron castigados los delitos menores, ya que los delitos de Lessa Humnidad, fueron perdonados.

  3. daniel faustino ballester. Junio 17, 2005 09:15

    Festejamos, estimado Santiago la HORA DE LA JUSTICIA; diciéndole no la impunidad, le decimos no al terror de estado, no a la desaparación de personas sin la oportunidad de un juicio previo, no a la apropiación indebida e injustificada de bebés,* NO A LOS GOBIERNOS DE FACTO, simplemente, estimado Santiago, porque son y serán "INCONSTITUCIONALES"; por ello, hoy más que nunca, ratificamos con absoluta firmeza y convicción el Artículo 36 de la Constitución Nacional.
    Fraternalmente Daniel Ballester, Concepción del Uruguay, Entre Ríos

  4. Emilce. Septiembre 25, 2005 18:36

    Considero que el transcurso de los años no debe opacar aquel brillante acto inhumano con el que procedieron , el tiempo pasa , la memoria sigue intacta en las generaciones aun en aquellos que no fueron testigos ni protagonistas de la historia de nuestra Argentina , Madre de tragedias y olvidos .

  5. Javier. Abril 27, 2006 10:49

    Me parece muy bie al artículo salvo que me parece que así como se hizo jucio a junta se debería hacer algo por los que actorano en contra del órden democrático entre el 70 y 76. Hubo asesinatos, bombas, secuestros por parte de grupos armados que luego del golpe encontrarón la "excusa" perfecta para su lucha.
    Tengamos memoria sí pero no con amnesia hacia los amigos.

  6. estudiante_y_trabajador. Noviembre 11, 2009 23:50

    Ahora faltan los juicios a los montoneros terroristas que estan en el gobierno y se jactan de haber matado gente. A los militares: gracias.

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