El origen de la palabra spam tiene raíces estadounidenses, y unas curiosas derivaciones socioculturales: la empresa chacinera (charcutera) estadounidense Hormel Foods lanzó en 1937 una carne en lata originalmente llamada Hormel's Spiced Ham. El gran éxito del invento lo convirtió con el tiempo en una marca genérica, tan conocida que hasta el mismo fabricante le recortó el nombre, dejándolo con sólo cuatro letras: Spam. El Spam alimentó a los soldados soviéticos y británicos en la Segunda Guerra Mundial, y desde 1957 fue comercializado en todo el mundo. En los años 60 se hizo aún más popular gracias a su innovador anillo de apertura automática, que ahorraba al consumidor el uso del abrelatas. Fue entonces cuando los Monty Python empezaron a hacer burla de la carne en lata. Su divertidísima costumbre de gritar la palabra ¡spam! en diversos tonos y volúmenes se trasladó metafóricamente al correo electrónico no solicitado, que perturba la comunicación normal en internet.

De los tres proyectos presentados, el de Lucrecia Monti (PJ Buenos Aires) es el más sencillo, y algunos coinciden en que la regulación mientras más acotada garantiza más libertad.

Existe todo un debate sobre si es posible aplicar al spam la legislación preexistente, ya que el funcionamiento del spam no implica necesariamente a internet ni los correos electrónicos. De hecho, cada tanto, muchos de nosotros recibimos cartas con publicidad o sin remitente. También nos llaman por teléfono para vendernos productos y servicios. ¿No funciona el spam digital de esa manera? Sí. Entonces la pregunta que muchos se hacen es cuál es la pertinencia de “crear” un nuevo delito cuando en verdad no lo es según las leyes en vigencia.

En ese sentido, el proyecto de ley de Monti es muy interesante. Tal como señaló en las jornadas Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, este proyecto de ley “no crea delitos nuevos, sino que simplemente extiende el marco del Código Penal, Civil y las garantías constitucionales a un ámbito que la tecnología de la época no permitía prever, pero que de haber existido entonces seguramente hubiera estado cubierto”.

La diferencia conceptual entre los proyectos es precisamente esa. Mientras que el de Monti no tipifica nuevos delitos, los proyectos de ley de Osvaldo Nemirovsci (PJ-Río Negro) y Mauricio Bossa (Ucedé-Córdoba) –este último el más duro de los tres: implicaría incluso ¡la cárcel! para los culpables- sí lo hacen.

El punto es que resulta contradictorio que un proyecto de ley no respete las garantías y derechos que ya están vigentes. En ese sentido, si en el correo común no está penado omitir el remitente, o poner un remitente falso, de fantasía; si en la telefonía no está penada la posibilidad de bloquear el servicio de identificación de llamadas –de hecho es un servicio que proveen las empresas de telecomunicaciones-, ¿por qué sí sería delito operar de esa forma con correos electrónicos?

Los proyectos de ley, además, deben ser afinados respecto de las denominaciones utilizadas; tal es el caso del proyecto de Monti. La Fundación Vía Libre advirtió la posibilidad de que se vuelva obsoleto en el momento en que cambie la naturaleza de lo que hoy llamamos internet, o cuando el protocolo SMTP sea reemplazado por otro, o cuando además del correo electrónico aparezcan (como está sucediendo en este momento) otros mecanismos de intercambio de mensajes interpersonales a distancia. En el caso de este proyecto, la solución es sencilla: basta eliminar de él las referencias a “correo electrónico”, “internet”, “SMTP” y similares, y convertirlo en una declaración de tenor similar al siguiente:

<<Declárese que el término “correspondencia”, tal como es usado en el Código Penal, Código Civil y garantías constitucionales, debe ser entendido como incluyendo en su definición a todas las comunicaciones interpersonales a distancia, independientemente de los medios y mecanismos usados para su confección, despacho y recepción.>>

El proyecto más polémico de los presentados para la discusión fue el de Mauricio Bossa (Ucedé-Córdoba). Varios de los artículos dan para profundizar mucho, pero no hace falta llegar tan lejos. Sólo el primero de los artículos resulta crítico para los derechos a la información y la comunicación; la libertad de expresión podría verse coartada. Podría resultar de ese artículo una invitación a la censura a los ciudadanos, organizaciones sociales y políticas, redes de comunicación y, en general, a todas las personas que utilizan medios electrónicos para difundir sus ideas. Ese punto merece todo el debate que haga falta, porque ninguna persona que defienda la democracia y la libertad de expresión puede aceptarlo. El artículo 1 del proyecto de Mauricio Bossa dice: “quedan comprendidas en el término ‘comunicaciones comerciales publicitarias’ aquellos correos electrónicos no deseados que, sin perseguir ventas, compras, permutas o intercambios comerciales en general, tengan por finalidad la difusión de ideas o conceptos de cualquier naturaleza, independientemente del carácter comercial o no de su remitente, o de su organización jurídica, social y/o política”.

La complejidad de una regulación de sobre el spam, y sobre cualquier tema de internet, no puede desconocer el funcionamiento de las redes sociales y las organizaciones políticas. Los partidos políticos minoritarios, las organizaciones sociales, los medios de comunicación alternativa y de contrainformación se verían “ilegalizados” de aprobarse un proyecto que penalice esas acciones. Y aquí de lo que se trata es de regular los usos indebidos, indeseados o dañinos del correo electrónico, no de restringir derechos constitucionales.

En ese sentido, es de una ingenuidad inmedible pensar que el spam puede y debe frenarse desde un único frente, el de la legislación. El spam es parte de internet. Eso no quiere decir que nos resignemos a recibirlo, sino que es parte de un fenómeno mucho más complejo que, incluso, tiene buenas formas de afrontarlo. Si uno sabe usar con todas sus funcionalidades un programa de administración de correos electrónicos, el spam puede ser filtrado sin mayores problemas. Una vez más, nos encontramos con variables educativas y de formación cultural que contemplen las nuevas tecnologías emergentes más que con acuerdos legislativos.

Los ejercicios de legislación sobre internet en la Argentina aún están muy lejos de comprender la complejidad del funcionamiento de la Red. Su regulación y reglamentación deben estar a la altura de los usos que se están haciendo de la web. Y esos “usos de la web” no pueden ser comprendidos sólo en el ámbito nacional. Si no hay un criterio global en la normativa, todo intento de legislación probablemente resulte endeble. ¿Quién me ampara si recibo spam español, coreano o uruguayo, por ejemplo?

En los correos electrónicos el spam es casi totalmente filtrable. Además, sin ser un requerimiento legal, la mayoría de los boletines que recibimos nos ofrecen desuscribirnos o darnos de baja si por error hemos sido incluidos en la lista de distribución. Por eso incluso habría que dudar de la eficiencia de la propuesta de incluir en los asuntos de los correos electrónicos alguna referencia o “etiquetas de advertencia”. El problema del spam se torna más difícil cuando puede dejar huella y los filtros no son del todo funcionales. Es lo que ocurrió la semana pasada con los blogs de educ.ar.

Temas y subtemas en torno al spam merecen ser discutidos públicamente, no sólo en sus aspectos técnicos y legales, sino, y sobre todo, desde la cultura y el derecho a la expresión. Limitar, cerrar, prohibir algunos aspectos de la comunicación en este proceso en que internet comienza a ser apropiada masivamente - a fines del año pasado había más de 8 millones de internautas en la Argentina - no puede ser la primera opción.

El problema de penalizar los “mensajes sexualmente orientados”, por ejemplo, es fundamentalmente que esa categoría podría ser manipulada e interpretada de una forma inconveniente y así considerar ilegales las acciones de información relativas a la educación sexual o servicios de salud reproductiva.

Leyendo los proyectos es fácil concluir que tienden más a ilegalizar, prohibir y burocratizar que a resolver, incluso cuando no hay pleno acuerdo en que el spam necesite “ser resuelto”. Quizá la respuesta esté del otro lado de la pantalla y esté más relacionada con la capacitación y la alfabetización digital. ¿Tiene sentido montar una oficina pública con escritorios, sillas, empleados e infraestructura tecnológica para crear –y asignar un presupuesto- un “Registro Anti SPAM” o un “Registro Nacional de Lista Negativa” como proponen los proyectos de Mauricio Bossa y Osvaldo Nemirovsci respectivamente?

Las puntas de debate expuestas en este post son solo algunas de las más llamativas de los tres proyectos. El asunto es mucho más complejo, como se lee en las distintas ponencias de quienes participaron en la jornada sobre Régimen Legal del Correo Electrónico.

Tiempos de Internet: Actualización 1

Mientras terminábamos de publicar este post el Senado convertía en ley el proyecto por el cual se ampara al servicio de Internet en las mismas garantías constitucionales que al resto de los medios de comunicación. En sus considerándos el proyecto establece la "importancia que en las sociedades modernas tiene el servicio de Internet" como una "herramienta válida para que toda la ciudadanía pueda tener acceso a información sin censura, a enviar y recibir información y, en especial, a expresar sus opiniones en todo tipo de temas".

La nueva ley incluye a la red dentro de las garantías constitucionales, al igual que los demás medios de comunicación social.

El artículo 14 de la Constitución Nacional establece que "todos los habitantes de la Nación" pueden "publicar sus ideas por la prensa sin censura previa", y en el artículo 32 de la misma norma considera que el "Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal".

Enhorabuena.

Tiempos de Internet: Actualización 2

Una vez realizada la actualización anterior, se dio a conocer públicamente que la justicia declaró inconstitucional la llamada ley espía, que hubiera obligado a las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones a captar, conservar y eventualmente derivar a la SIDE los contenidos y la información relacionada a las comunicaciones realizadas a través de sus prestaciones.

“No puede habilitarse la intromisión y/o registro de datos privados bajo la argumentación de una prevención o posible investigación posterior”, señaló el juez en lo contencioso administrativo federal Guillermo Rossi, al fundamentar su resolución. Y agregó: “La Constitución Nacional estableció la garantía de la inviolabilidad del ámbito de las actividades privadas (artículo 19) y la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados (artículo 18). Por ello, se concluye que las normas impugnadas en la causa constituyen una inconstitucional intromisión en los aspectos vedados”.

Otra vez: Enhorabuena.