En este Prepcom, el avance principal –y parcial-fue el acuerdo entre gobiernos sobre los mecanismos para el financiamiento de las nuevas tecnologías en los países en desarrollo. Esto, por un lado, da por terminado el impasse político entre los distintos sectores, ya que esos temas quedaron estancados en las discusiones de la primera fase y, por el otro, no implica que llegue la hora del acuerdo de fondo para comprometer a los países desarrollados y organismos multilaterales a asumir nuevos compromisos financieros para concretar la llamada “solidaridad digital”.

Desde sociedad civil, se consideró que este avance en el acuerdo resulta insuficiente porque resta importancia al rol de los Estados y a la cooperación Norte-Sur. Además, se propuso una mayor atención a los aspectos no tecnológicos de la sociedad de la información, y se reclamó apoyo a las iniciativas bajo control comunitario y al software libre.

El debate de fondo en la Cumbre y en los Prepcoms es cómo cerrar la brecha digital, es decir, como distribuir las responsabilidades, políticas, culturales y financieras entre los estados miembros para afrontar de manera conjunta una estrategia común de inclusión y democratización.

Durante esta última reunión de preparación el preacuerdo sobre mecanismos de financiamiento postula una serie de retos y opciones destinados a cerrar la brecha digital. Pero el dato clave que hay que tener para leer esos puntos es que se presentan a título de recomendaciones sin obligación. En otras palabras, todos los sectores están de acuerdo sobre el Fondo de Solidaridad Digital pero no sobre cómo se distribuye su financiamiento. Recordemos que Fondo de Solidaridad Digital fue creado como propuesta del Presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, en la Cumbre de Ciudades y de Autoridades Locales sobre la Sociedad de la Información que se celebró en Lyon (Francia) en diciembre de 2003. El objetivo de este Fondo es cubrir las iniciativas comunitarias en TIC, incluyendo capacitación, contenidos y equipamiento; pero no dará solución a los macroproyectos de infraestructura de telecomunicaciones, para los cuales la estrategia prioritaria sigue siendo la desregulación del sector para favorecer la inversión privada.

Hasta ahí el tema “financiamiento”. El otro punto central de las discusiones de la reunión pasada del Comité Preparatorio fue “Gobierno de Internet”

El gobierno de internet es un tema que está siendo analizado desde hace muy poco tiempo. Descifrar qué es el gobierno de Internet, qué mecanismos e instancias de decisión e implementación existen o son requeridas, es parte de la tarea encargada a una comisión de trabajo llamada Working Group on Internet Governance (WGIG), conformada por la ONU con representantes de gobiernos, sector privado, sociedad civil y organismos multilaterales, y que presentará su informe en julio.

La única postura clara frente al gobierno de internet la tiene la tiene el tercer sector: Para las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de internet es un tema que tiene implicaciones fundamentales para los derechos humanos, el desarrollo y la democracia.

Entre los gobiernos hay tironeo, y muchos no logran ponerse de acuerdo respecto de los interrogantes que mencionábamos más arriba. Pero el acuerdo resulta casi total cuando la pregunta es ¿Quienes deben administrar internet? En realidad, el acuerdo es una disconformidad con el statu quo: mayoría de países no tienen voz ni voto en cómo se administra Internet. Esa administración está a cargo de una empresa registrada bajo la legislación estadounidense -el ICANN- la administración de los nombres y números (IP) de internet. El representante de Brasil, por ejemplo, denunció en el Prepcom que en la situación actual, existe falta de democracia en el proceso de decisión sobre cómo se administra la Red, falta de transparencia en quién toma las decisiones e insuficiente participación de la comunidad internacional.

Así están las cosas en las reuniones preparatorias para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. En América Latina se está dando un proceso interesante que culminará en Río de Janeiro, del 8 al 10 de junio. En esa reunión, que no se invitará como participantes ni EE.UU. ni a Canadá, se adoptará una declaración política y un plan de acción regional. Para adelantar la elaboración del Plan de Acción, una reunión preparatoria tendrá lugar en Quito, del 4 al 6 de mayo, organizada por CEPAL, UNESCO y el gobierno ecuatoriano.

Fuente: www.alainet.org